El ingreso mínimo vital, la fórmula de España para combatir la pobreza extrema

El gobierno español aprobó la creación de un ingreso mínimo vital, para combatir una pobreza agudizada por la crisis del coronavirus y que ha llevado a muchas familias a tener que pedir alimentos para sobrevivir.

"Hoy nace un nuevo derecho social en España", proclamó el vicepresidente del gobierno y líder de la izquierda radical de Podemos, Pablo Iglesias, tras aprobarse la medida en consejo de ministros. Según explicó, la renta mínima vital garantizará 462 euros al mes (515 dólares) a un adulto que viva solo.

En el caso de las familias, a este mínimo se sumarán 139 euros (155 dólares) al mes por cada persona adicional, adulto o niño, con un máximo de 1.015 euros por hogar (1.130 dólares).

La prestación pretende llegar a 850.000 hogares, un 16% de ellos monoparentales (en un 90% encabezados por una mujer), en los que viven 2,3 millones de personas, un 30% de ellas menores, tal y como han explicado este viernes los ministros responsables de la medida, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Una promesa cumplida

La renta mínima será compatible con otros ingresos, de manera que si alguien tiene un empleo de baja remuneración, recibirá un complemento hasta alcanzar los umbrales previstos en el dispositivo aprobado este viernes.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, detalló a su vez en un comunicado que con este dispositivo "la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar", es decir unos 11.220 dólares. De momento, en junio, se espera que unas 100.000 familias se beneficien de la medida.

El ingreso mínimo vital era una promesa del ejecutivo de coalición formado por los socialistas y Podemos, que se ha visto "obligado a acelerar la implementación" ante la crisis del coronavirus, indicó Iglesias.

Combatir la pobreza extrema

Y es que el parón económico envió al desempleo a cientos de miles de personas y disparó la pobreza de forma más aguda que cuando la crisis de 2008, el año en que estalló la burbuja inmobiliaria en España. Por primera vez en sus vidas, muchas familias, sobre todo en Madrid, están teniendo que pedir comida en parroquias y asociaciones de vecinos.

El gobierno enfatizó que con la medida, presupuestada en 3.000 millones de euros anuales (3.340 millones de dólares), quiere eliminar la pobreza extrema, que según sus cálculos afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas.

Precisamente, en febrero, el Relator Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza, Philip Alston, dijo al término de una misión que España le estaba "fallando por completo a las personas que viven en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea".

El ministro español de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicó que en el caso de España se reduce "mucho menos" que en otros países vecinos la tasa de pobreza extrema después de las transferencias públicas, quedando en un 9%, frente a una media europea del 5,4%.

Pagos por estudios universitarios

Sin embargo, el Ministerio de Universidades ha incluido una disposición transitoria en el real decreto ley del ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno, para que los beneficiarios de esta prestación estén exentos de pagar la matrícula universitario en el caso de que se les deniegue una beca de estudios.

En concreto, esta disposición transitoria establece que los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha condición entre los meses de junio y diciembre de 2020, estarán exentos del pago de los precios públicos por servicios académicos universitarios el próximo curso.

Además, esta exención se aplicará a los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión de una beca para cursar estudios postobligatorios "por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente".

El pasado 19 de mayo, el Gobierno anunció que desde el próximo curso las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación se concederán atendiendo a la renta familiar del estudiante, eliminando los requisitos académicos que introdujo en 2012 el Ejecutivo del Partido Popular.

Además, el Gobierno actualizará en el decreto de becas del próximo curso el umbral de renta más bajo para favorecer que "las familias con menos recursos" accedan a la beca completa (matrícula, cuantía fija de renta, cuantía de residencia en su caso y cuantía variable). Este umbral no había cambiado desde el curso 2010-2011.