13 Marzo 2012
Una de las noticias que más impacto tuvo en estos días previos –antes de la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota, claro está- fue el anunció de la posibilidad de implementar pruebas antidoping a los estudiantes de nivel superior. Esta información fue acreditada a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a través del documento La seguridad en instituciones de educación superior: estado actual y recomendaciones.
Este estudio es una propuesta para –supuestamente- ayudar a frenar la ola de violencia que se vive alrededor de los centros universitarios en muchos estados del país. Según información oficial difundida por la propia ANUIES, en este trabajo participaron alrededor de 140 instituciones de educación superior y contempla varias acciones para prevenir la venta y consumo de drogas entre los estudiantes.
Rechazo de autoridades universitarias
Y a pesar de que se supone este documento no ha sido avalado para su implementación y es una especie de recomendaciones de acciones preventivas para las instituciones educativas, las reacciones no se hicieron esperar y algunos rectores de varias universidades del país levantaron la voz para hacer pública su inconformidad con el tema de las pruebas antidoping entre el alumnado.
Así lo dejó ver Enrique del Val, secretario administrativo de la UNAM o el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José María Leal Gutiérrez, entre otros, quienes afirmaron que sus instituciones no avalan estas medidas y no las pondrán en práctica en sus instalaciones porque van en contra de los derechos de los alumnos y de la filosofía de sus universidades.
El consumo de drogas
Pero el tema de fondo no es el hecho de las pruebas en sí, sino del contexto en el que estamos viviendo actualmente. Por un lado, si los expertos consideran que estas medidas son eficaces para evitar que siga creciendo la ola de violencia en las instalaciones universitarias de todo el país y con esto se disminuiría el consumo y la venta de drogas, habría que aplicar también exámenes antidoping a los maestros, trabajadores sindicalizados, personal administrativo de todos los rangos y a todos aquellos que tengan algo que ver con el funcionamiento diario de las instituciones.
Pero por qué dar por hecho que los únicos que consumen drogas son los alumnos, cuando está demostrado que hay también adultos que lo hacen y son considerados como profesionistas “exitosos”. Es decir, estamos hablando de que en muchos círculos socio-culturales, las drogas son consideradas como parte del ambiente, un ingrediente más de la convivencia y son consumidas desde el punto de vista “recreativo”.
Si son adictos o no, eso es otro punto que no necesariamente se da en todos los casos cuando se consumen drogas. Ahora, desde la lógica del planteamiento de la ANUIES, si un alumno es elegido aleatoriamente y da positivo, incluso podría perder su matrícula, pero culpar o señalar de esta manera a una persona que consume drogas no va a evitar que lo siga haciendo, porque las adicciones necesitan tratamientos integrales y no solamente castigos.
Pero además de esto, el documento incluye otras recomendaciones como “crear un programa que permita la denuncia anónima de venta de droga al interior o en el entorno del recinto…, la integración de sistemas caninos de detección de droga pues los agentes caninos resultan un elemento inhibidor de robo y de contención de riñas” e incluso “realizar de forma aleatoria la inspección de portafolios, bolsas o mochilas en búsqueda de sustancias u objetos peligrosos”.
Rehabilitación intregal para disminuir consumo de drogas
No cabe duda de que en algunas universidades el tema de mejorar los niveles de seguridad hacia el alumnado y plantilla de trabajadores es necesario, pero sería muy poco favorable para el desarrollo académico de los estudiantes estar en un recinto bajo la sospecha de ser culpables e incluso tener que pasar las incomodidades de ser revisado nada más por si las dudas ese día se te olvidó sacar la droga de la mochila, presuponiendo que todos los alumnos consumen drogas, que todos son violentos y que todos necesitan el mismo método para rehabilitarse.
Otro detalle que no se estipula en este documento es el hecho de determinar a qué tipo de drogas se están refiriendo, porque si se limitan a las ilegales, entonces están dejando de lado el mundo alternativo de estupefacientes que ofrecen las drogas legales.
Consumo de drogas legales e ilegales
Para nadie es un secreto que los estudiantes de medicina, química farmacéutica y otras carreras que estén en contacto con sustancias utilizadas en la fabricación y manejo de drogas, saben perfectamente el resultado de cada una de ellas, la combinación y el impacto que tienen en el cerebro, a niveles tan adictivos como las que producen las propias drogas ilegales.
En los Estados Unidos, uno de los mayores problemas en cuanto adicciones es el consumo de opiáceos, drogas legales derivadas del opio, que son altamente adictivas y que es un mercado tan redituable como el de las drogas ilegales. Este tipo de drogas están presentes principalmente en algunos analgésicos y son suministradas por médicos para los pacientes que sufren dolores crónicos y se consiguen fácilmente con receta médica. Algo así como la marihuana de uso medicinal.
Inhalados, inyectados o tragados, son una droga potente, altamente adictiva y paradójicamente de orden legal. De tal suerte que el consumo de drogas es un tema que habría que estudiarlo desde diversas perspectivas, con un enfoque multidisciplinario y entendiendo el entorno social que vive cada región, para poder determinar los métodos más adecuados para evitar el consumo y propiciar la rehabilitación de los adictos.
Estrategias polémicas
Pero hay algo que salta a la vista y es el hecho de que Rafael López Castañares, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se retractó de esta información y señaló que “de ninguna manera se propone que nosotros hagamos eso (exámenes antidoping y otras medidas) en las instituciones porque las instituciones son autónomas… Es un documento de trabajo que tiene que ser analizado por 165 de nuestras instituciones para ver qué es lo que opinan al respecto del contenido total porque habla también de abusos sexuales, de asesinatos, de robo, de muchas cosas”.
Y más aún, dejó entrever que este documento fue hecho por compromiso y a la medida de lo que el gobierno federal quería escuchar. “Este fue un compromiso que hicimos desde hace más de dos años con el Presidente de la República…entregarle este documento completo y este es un borrador. Entonces yo creo que en las manos que cayó probablemente hay un error de lectura”.
Probablemente hay un error de lectura, ¿pero de quién: del gobierno federal al seguir fomentado su estrategia de lucha contra el crimen organizado bajo estos parámetros o de todos aquellos rectores que abiertamente criticaron estas propuestas…?