El motín de la Policía Federal ¿es legítimo o un tema político?

La actual Policía Federal (PF) es el resultado de un proceso fallido y ha sido una de las instituciones más manoseadas, en donde los gobiernos anteriores intentaron –eso supongo- recomponer su estructura tantas veces, que terminó siendo un organismo vulnerable y que siempre fue como un relleno en las operaciones de seguridad nacional.

Andrés Manuel López Obrador está convencido de esto, a tal grado que por ley, en 18 meses desaparece la PF que la considera como una corporación que se descompuso con tanta corrupción en las administraciones pasadas y que según expresó el presidente, “ya venía mal pero cuando se tomó la decisión de pasarla a Gobernación se echó a perder más”.

Ahora con la creación de la Guarda Nacional, nuevamente la PF queda en segundo plano y los elementos que así lo deseen –tal como lo ha subrayado AMLO- podrán ser parte de esta nueva corporación. Sin embargo, esto ha ocasionado un motín en el Centro de Mando de la Policía Federal en la CDMX y de algunos miembros de esta corporación.

El origen de esto es que su ingreso a la Guardia Nacional lo ven como una amenaza a sus derechos laborales. En un pliego petitorio entregado al gobierno federal, los policías inconformes exigen entre otras cosas, respeto a la antigüedad y prestaciones laborales; un salario de 15 mil pesos; no ser evaluados por militares; no pertenecer a la Sedena ni ocupar instalaciones castrenses y desaparición del polígrafo.

Pero luego la cosa se pone más complicada, porque piden la renuncia de todos los mandos a partir de comandantes de compañía; horarios de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo; la creación de una oficina de derechos humanos; un sindicato para la PF en la Guardia Nacional y el pase automático a esta nueva corporación sin evaluación previa.

Esto lo ha calificado AMLO como un motín injustificado e incluso dice que “hay mano negra” detrás de este movimiento. Además les garantiza que no habrá despidos injustificados, que las prestaciones se mantendrán, que las condiciones laborales ser respetarán y que el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario; es decir, nadie los está obligando a nada.

Según el comunicado de los policías inconformes, lo de voluntario es relativo, ya que el “3 de julio, diversos compañeros de las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería, fueron notificados para presentarse a realizar evaluaciones para la Guardia Nacional en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, dice el documento.

Y aseguran, “con ello se violan los derechos laborales de los policías federales que formen parte de este cuerpo de seguridad debido a que no se han establecido las bases para la seguridad social, médica, ni mucho menos de salarios que percibirá el personal”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró  que “en ningún momento serán violentados absolutamente ninguno de sus derechos, sueldos, prestaciones antigüedad o grado”.

Estas dos posturas que parecen estar al menos por el momento muy alejadas la una de la otra, puede ir creciendo y haciendo que cada vez se sumen más inconformes y que este movimiento tome dimensiones peligrosas, sobre todo porque ya hay figuras políticas ligadas a este intento de motín.

Ojalá que el gobierno federal logre frenar esto a tiempo, que no se ponga en riesgo la operatividad de la Guardia Nacional y que de verdad, no haya injusticias laborales con los miembros de la Policía Federal, ya que de esto dependen en gran medida, poder combatir los altos niveles de violencia e inseguridad que golpean al país.

Sea o no un movimiento “injustificado” y con “mano negra” detrás, es necesario que se resuelva y que el gobierno mande un mensaje de tolerancia, que retome el control de estas corporaciones y  no sea solo un doble discurso de respeto a los derechos laborales, pero en la práctica se convierta en un escenario de injusticias con los trabajadores menos favorecidos, algo que cada vez parece ser la constante de la “austeridad republicana”.