Un billete de $100 fue el costo del pasaje a las Islas Marías

La justicia es en ocasiones muy extraña. No se necesita ser un gran  capo del narcotráfico o secuestrador o asesino despiadado para purgar una condena en prisión; basta con que alguien reciba un billete falso y –sin ninguna mala intención o conocimiento- intente después pagar con él un cuaderno en una papelería.

Esto le pasó a Esperanza Reyes Aguillón, una mujer pobre, analfabeta y con dos hijos pequeños, que fue a dar a las Islas Marías para purgar una pena de cinco años por haber sido encontrada penalmente responsable del delito de uso de moneda falsificada.

Luego de dos años de prisión en tres penales diferentes –en el Cereso de La Pila, el Penal Federal de El rincón en Tepic y las Islas Marías-, de haber tenido un juicio con un abogado defensor inexistente, irresponsable y poco profesional de nombre Miguel Martínez Castro, Esperanza Reyes Aguillón se encontró con la sorpresa de que el gobierno federal a través del presidente Enrique Peña Nieto, solicitó la revisión de su caso y le fue otorgado el indulto por lo que el miércoles 29 de enero recuperó su libertad.

Este caso llamó especialmente la atención de los medios de comunicación, por lo que se le dio seguimiento al ser considerado como un exceso de los juzgadores el hecho de dictar una pena así contra Reyes Aguillón. Poco a poco fue ganando terreno en la opinión pública hasta que José Mario de la Garza Marroquín, integrante de la Barra de Abogados de México y quien tomó la defensa del caso,  solicitara el indulto presidencial. 

Según información publicada en diversos medios, son al menos 190 casos similares a éste. Pero lo que llama la atención es el hecho de que la administración federal –contrario al gobierno panista del sexenio pasado- escucha y atiende las voces que exigen justicia en casos donde está por demás demostrada la inocencia del inculpado.

Ya sucedió con Alberto Patishtán, que también recibió el indulto presidencial. Es decir, al menos el gobierno de Peña Nieto no se hace el ciego ni el sordo y atiende estos casos, interviene y hasta otorga indultos contra los condenados, situación que –obviamente también beneficia la imagen del propio gobierno- ha abierto una ventana de esperanza para muchas otras personas que fueron condenados en condiciones similares.

Dicen que la justicia es ciega. Esto como garantía de que no habrá favoritismos o ventajas para una de las partes, pero en casos como el de Esperanza, la justicia fue brutal. Si bien es cierto que en el Artículo 236 del Código Penal Federal se estipula que “se impondrá prisión de cinco a doce años al que a sabiendas circule moneda alterada”, los vicios que existen en el sistema judicial de México provocan arbitrariedades tan graves como el hecho de que $100 pesos sea el costo de boleto a las Islas Marías.

Pero el grave problema es la discriminación y los abusos a los que son sometidas las personas más humildes e ignorantes de este país. Se supone que por ley todos tenemos el derecho de contar con un abogado defensor, ya sea de oficio o uno  particular. Pero lo cierto es que abogados como el que le tocó a Esperanza sirven para dos cosas: para hundir al acusado en prisión y para comprobar que la justicia en México funciona solo si hay dinero de por medio.

Mario de la Garza Marroquín fue preciso al declarar que "la defensa [de Esperanza Reyes] fue totalmente deficiente, no se presentaron pruebas [a favor] o  argumentación y esto desembocó en la sentencia de cinco años".

Bajo estas circunstancias, es entendible -pero no justificable- que el juez dictara esa sentencia. Pero si esta es la forma en que funciona la justicia en México, es muy probable que entonces sea cierta aquella premisa de que la “cárcel está llena de gente inocente”.

Y no necesariamente porque no hubiera cometido un delito o una falta, sino porque no tuvo los medios para probar su inocencia o reducir las condenas. No contó con un  buen abogado defensor ni con los recursos para agilizar los trámites ni con la posibilidad de apelar o ampararse ante las sentencias del juez.

El documental  Presunto Culpable caló hondo en el sistema judicial al exhibir los abusos, los excesos y las mañas de los jueces y los abogados defensores. Luego vino el caso del profesor Patishtán y ahora el de Esperanza Reyes, todos conmovieron a la sociedad y los tres, corroboraron la idea que en México no hay justicia. Al menos para los pobres, no hay justicia.

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