Otro 2 de octubre negro en México

Violencia desmedida fue el resumen de la marcha que conmemoró la  matanza del 2 de octubre de 1968. Los choques y enfrentamientos entre grupos de jóvenes –la mayoría de ellos autodenominados como anarquistas- y la policía, dejaron en evidencia que el clima se está calentando y que el ambiente se tensa cada vez más.

Los que asistimos a la marcha pudimos presenciar actos criminales y la brutalidad con la que actúan estos grupos de encapuchados –y otros sin capucha- que utilizaron petardos, cohetones, bombas molotov, palos, piedras, tubos, gases lacrimógenos y hasta su propio cuerpo para agredir, provocar y atacar a los granaderos.

Causaron daños materiales a muchos comercios, edificios, paradas de transporte público e incluso anuncios y botes basura. Salían y entraban de los contingentes de la marcha, atacaban y se volvían a escapar. Nadie los detenía.

Por el otro lado, también se pudo corroborar que las evidencias de que hubo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados son ciertas. Arremetían contra personas que no tenían nada que ver con sus agresores, incluso detuvieron y golpearon a gente que ni siquiera había ido a la marcha pero se encontraba en el lugar erróneo.

Incluso fuimos testigos de ataques y detenciones de observadores de derechos humanos, de fotógrafos, documentalistas, periodistas, camarógrafos y reporteros. Algunos iban con su acreditación en la mano mientras los arrastraban para su detención. Otros fueron rescatados de los policías por sus compañeros en trifulcas que obligaban a los granaderos a retroceder y esconderse entre sus compañeros.

Muchos han querido justificar tanto las agresiones de los anarcos y demás grupos radicales, así como la actuación de la policía. Pero bajo está lógica, se está a punto de cerrar un círculo vicioso que puede ser muy peligroso. Atacamos a los policías porque ellos atacan a la sociedad dirán los radicales; mientras los oficiales dirán que ellos reacciona ante los ataque de los otros y solamente hacen su trabajo.

Pero en ninguno de los casos son justificables estas acciones.  La sociedad está en un momento donde tiene y exige la libertad para manifestarse en pro o en contra de sucesos que pasan en el país. Ya sean movimientos políticos, sociales o de organizaciones civiles, todos quieren que sean vistas y escuchadas sus demandas por las autoridades correspondientes. Históricamente –aunque habría que evaluar los resultados- las marchas han sido la principal herramienta para lograr estos fines.

Al menos desde el primero de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Peña Nieto, estas manifestaciones han tenido la presencia de los grupos violentos. Con el mismo modus operandi, con los mismos objetivos y bajo el escudo humano que significan las marchas para ellos, han incrementado la violencia y han puesto en riesgo este derecho de la sociedad a manifestarse pacíficamente en las calles.

Entonces surge la misma pregunta que desde diciembre pasado ha rondando la mente de todos. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué son tan eficientes y eficaces que la policía no los puede controlar ni detener? ¿Tendrán fines políticos ocultos o serán respaldados por algún grupo poderoso que los patrocine y en su caso intervenga para su protección?

Porque es evidente que las marchas de cualquier grupo –más allá de las molestias que causan en los otros ciudadanos que no pueden circular libremente- no son violentas. Salvo en algunos casos en donde los maestros de la CNTE han terminado en enfrentamiento con los policías, la mayoría de las marchas convocadas en la Ciudad de México tienen el tinte de ser pacíficas.

El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera declaró con respecto a los hechos del 2 de octubre  que “quien haya transgredido la ley vamos a actuar obviamente con su aplicación, tanto en la parte de quienes ejercieron violencia, como en la parte de quienes estaban encargados de que no se ejerciera la violencia”.

Esto sería la mejor manera para ponerle un freno a futuros enfrentamientos entre grupos violentos y policías. Se necesita pues un trabajo preventivo y de inteligencia para que las autoridades busquen la forma de maniatar a estos grupos, porque una vez que vuelvan a tomar las calles seguirán atacando y causando destrozos.

Pero también los actos de abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza en contra de personas que no cometieron ningún delito o falta flagrante, deben de ser castigados porque así los ciudadanos tendríamos la certeza de que sus actos no quedan impunes.

Si se solapan bajo el argumento de que actuaron así porque fueron atacados por otros, la confianza –que tanto trabajo les ha costado ganarse a las autoridades- se va a ir debilitando y los individuos vamos a ver nuevamente a los policías como un enemigo más.

Hay que aclarar que se entiende que algunos miembros-porque fueron solo algunos- de la fuerza pública hayan actuado así por las circunstancias que se presentaron, pero que los múltiples actos donde se evidencia que atacaron de forma incluso irracional y fuera de todo protocolo de acción queden impunes, sería un duro golpe a la credibilidad del gobierno del Distrito Federal y para su policía.

Y cuidado, porque el escenario nacional no ha cambiado en nada. Siguen los maestros de la CNTE en el DF, se viene la reforma hacendaria y la energética, la izquierda política y social está en pie de lucha e incluso el PAN está por tomar las calles para manifestarse; lo que significa una alerta de peligro y tal vez nuevos enfrentamientos violentos entre la policía y los grupos radicales y anarquistas.

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