El asesinato de un activista en Veracruz y los desplazados que nadie ve en México

El  asesinato del activista Noé Vásquez Ortiz es la conclusión de un largo periodo de luchas y amenazas. Activista, ecologista y defensor de los derechos de pueblos indígenas y comunidades pobres que están en pie de lucha en contra de proyectos hidroeléctricos, su muerte abre la ventana hacia un trasfondo oscuro de negocios y abusos sociales.

Noé Vásquez estaba en contra del proyecto de la creación de una hidroeléctrica en Amatlán de los Reyes,  en la zona montañosa del centro de Veracruz. Iba a participar en el X Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos que se llevó a cabo del 2 al 4 de agosto en esa localidad, justo los días posteriores a su muerte.

Las primeras versiones hablan de que fue apedreado y herido con arma punzocortante por cuatro personas  que ya están detenidos y aparentemente son los responsables materiales de este crimen –según sus declaraciones-.

Amenazas e itimidaciones

Pero el principal problema es encontrar a los autores intelectuales de este y otros muchos actos violentos que envuelven a los casos de las hidroeléctricas del país.

Los pobladores de los municipios veracruzanos de Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Cuichapa y Yanga –donde se ubicará la hidroeléctrica- se mantienen en pie de lucha en defensa de su tierras.

Sin embrago, han recibido constantemente mensajes intimidatorios y amenazas explícitas por parte de los operadores y mensajeros de la empresa Hidroeléctrica Naranjal SAPI de CV, para que vendan o abandonen sus tierras.

Una forma tradicional que han utilizado las empresas -desde al menos el inicio de la época independiente de México- para despojar a los pobladores de sus bienes con la falacia de que habrá “progreso, trabajo y desarrollo para todos”.

Daños ecológicos y sociales

A nivel ecológico y ambiental, el proyecto de El Naranjal afectará 93 hectáreas, de las cuales el 65% están catalogadas como áreas forestales. Modificará el cauce de dos ríos (Blanco y Metlac) y afectara la vida de al menos 50 especies de flora y fauna de la región.

A nivel social, se calcula que unas 30 mil personas se quedarán sin hogar y sin medios de producción, lo que los obligará a cambiar de residencia, desplazarse a otras regiones y estar entre los sectores de alta vulnerabilidad alimentaria y material.

En México se tienen actualmente 70 proyectos hidroeléctricos de este tipo en 19 estados del país. Según un estudio elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, estas acciones pueden generar hasta 170 mil desplazados. Comunidades enteras que desaparecen de sus lugares de origen.

Estos datos son preocupantes tomando en cuenta los discursos oficiales de las empresas que aseguran que esto es en beneficio de toda la sociedad. Así, la cifra de desplazados por proyectos hidroeléctricos es una contradicción que pone en entredicho el concepto de “progreso y bienestar social” utilizado de forma automática por empresarios y gobiernos.

Entonces a los 250 mil desplazados por la violencia, hay que sumarle estos 170 mil que en los últimos años han tenido que abandonar sus tierras en medio de amenazas, abusos y mentiras por parte de los desarrolladores de estos proyectos. Que entre otros nombres, figura el de Guillermo González Guajardo, hijo de Claudio X González Laporte.

Progreso y desarrollo

Y de nuevo entramos en la paradoja del costo-beneficio de los proyectos que están encaminados a modernizar al país en detrimento –la mayoría de las veces-, de grupos desprotegidos y abandonados. Para muchos es justo que algunos –y que mejor si son pobres y/o indígenas - cambien sus formas de vida, su entorno cultural, sus medios de producción y sus tradiciones por mega-construcciones que en teoría van a beneficiar a sectores muy grandes de la sociedad.

Para otros, los empresarios siguen siendo la clase explotadora, sin escrúpulos, rapiña y voraz que pasa sobre cualquiera para conseguir lo que se propone. Pero en medio está el punto real de desarrollo. Es indudable que se necesita inversión privada para que el país funcione, pero también es urgente que los empresarios cambien sus prácticas hacia modelos más sustentables –ambiental y socialmente hablando- para tener beneficios más justos y equitativos.

Mientras esto no pase, socialmente seguiremos sufriendo los desajustes que ocasionan estás practicas. Se desquebraja el tejido social de ciertas regiones, se pierde identidad y cohesión cultural para defender las raíces y tradiciones de los pueblos; se debilita así la moral de las sociedades y se crean individuos aislados y vulnerables.

Pero en síntesis, este es el modelo económico actual. Pareciera que a eso aspira el mercado comercial y consumista vigente. Por eso nadie ve ni oye a estos desplazados. Por eso no nos damos cuenta de lo que realmente pasa en ciertas regiones del país, más allá de la violencia generada alrededor del crimen organizado. Por eso a veces nos cuesta trabajo ser solidarios con el de enfrente.

Ahora sabemos que asesinaron a Noé Vásquez Ortiz, pero difícilmente entenderemos el hecho de lo que significa perder un hogar, una familia, las tierras y la vida por la construcción de una hidroeléctrica. Las grandes paradojas del futuro moderno.

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