4 Mayo 2021
La tensión social sigue aumentando en las calles de Colombia, con la presencia de policías y militares que el gobierno de Iván Duque asegura que las protestas son una evidente “amenaza terrorista” y por eso los han sacado de los cuarteles, en tanto la ONU asegura que los uniformados han aplicado un "excesivo uso de la fuerza" y disparan a matar con municiones reales.
Con este escenario, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas se manifestó alarmada por los hechos de violencia acaecidos en la ciudad de Cali, noroeste de Colombia, contra los manifestantes al gobierno de Iván Duque y que tiene en el ojo del huracán a la policía local.
"Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida", manifestó Marta Hurtado, portavoz de la Alta Comisionada en declaraciones dadas desde Ginebra y divulgadas en Bogotá.
Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, circularon en redes sociales videos que evidenciaban las agresiones de la policía, incluidos disparos. La alcaldía de Cali informó de cinco muertos y 33 los heridos durante la noche, una cifra apenas preliminar que podría aumentar en el transcurso del día cuando la Fiscalía corrobore en terreno lo sucedido.
En la víspera, la Defensoría del Pueblo reveló del asesinato de 19 personas en el marco de las manifestaciones en diez zonas del país y de la recepción de 140 quejas por homicidios, desapariciones, heridos y abuso policial.
La ONU por su parte, dijo haber recibido denuncias de al menos 14 asesinatos "en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, entre ellas la de al menos un agente de policía".
La oficina en Colombia de la Alta Comisionada, reveló de agresiones y disparos de la policía en Cali a una comisión humanitaria integrada por miembros de la ONU, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo cuando intentaban verificar la situación de personas detenidas en las revueltas. La Procuraduría abrió una investigación preliminar para establecer quiénes fueron los responsables de esos hechos.
Las calles de la mayoría de ciudades y poblaciones de Colombia se atiborraron durante los últimos seis días de personas que reclamaban el retiro del proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno de Duque al Legislativo, dadas las condiciones de pobreza y desempleo en el que está sumergido el país a raíz de la pandemia.
Aunque las manifestaciones han sido pacíficas, el gobierno y sectores de la prensa local han enfatizado en los desmanes y desordenes aislados en zonas de Bogotá y Cali, principalmente. El fin de semana el gobierno cedió al reclamo hecho desde las calles y retiró el proyecto de reforma, aunque avisó que no desistía del interés de impulsar una nueva iniciativa ante las necesidades presupuestales.
En la víspera, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, impulsor del proyecto de reforma renunció al cargo y en su lugar fue designado Juan Manuel Restrepo, quien ejercía como ministro de Comercio, Industria y Turismo.
El presidente Duque informó días atrás que enviaría a las calles a las tropas en su afán por contener a los "vándalos" y para respaldar a la policía, cuya dirección general adelanta 26 investigaciones preliminares por agresiones y abusos de patrulleros en los seis días de huelga.
"Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica", reclamó hoy la oficina de derechos humanos de la ONU.
Urgió además a los "agentes encargados de hacer cumplir la ley" que deben "respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones". "Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves", recalcó en su mensaje Naciones Unidas.
Mientras tanto, el Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha justificado la presencia militar en las calles del país y ha afirmado que con ella se brinda apoyo "excepcional" a la Policía frente a "la amenaza terrorista", a la que ha responsabilizado de los actos de violencia que se han vivido en los últimos días durante las protestas por la ya retirada reforma tributaria del Gobierno.
"La asistencia militar no es más que un esfuerzo adicional en unas ciudades y unas regiones especiales para que la Fuerza Pública y, especialmente nuestro Ejército, acompañe a nuestra Policía (...) para poder enfrentar de forma más contundente a estos vándalos y garantizar el orden público", ha defendido.
Esta presencia, ha continuado, "permite garantizar el abastecimiento en ciudades para que víveres, elementos de sanidad y combustible no falten. Se protegen aeropuertos, importaciones y exportaciones y la infraestructura vial, todo enmarcado bajo los Derechos Humanos", ha asegurado.
Molano ha señalado que "el impacto de las acciones terroristas" de los últimos días han dejado un policía muerto y más de 800 heridos, entre agentes y civiles, así como un gran número de infraestructuras públicas y negocios privados dañados, aunque no ha hecho referencia a los otros 18 fallecidos durante las manifestaciones.
"Han sido actos organizados y financiados por disidencias de las FARC y el ELN", ha acusado. En el caso de Cali, ha especificado, aunque matiza que muchos ciudadanos han acudido pacíficamente a las manifestaciones, "hay un grupo de estas organizaciones criminales, que buscan mimetizarse y han desarrollado estas acciones vandálicas".