Los monexderos de la ilegalidad en México

El PRI es libre de toda culpa electoral. Esto lo ha dejado en claro el IFE al no sancionar –como pedían el PRD y el PAN- al partido tricolor por el uso ilegal de dinero procedente de empresas particulares con fines electorales, cosa que –se supone- está prohibido por ley.

La historia es más o menos así. El PRI contrató a la empresa Alkino para la repartición o “dispersión” de 9 mil 924 tarjetas. Esta empresa contrato a Comercializadora Atama para “celebrar un préstamo comercial con intereses y servicios accesorios” por 66.3 millones de pesos.

 Atama pone a trabajar a Comercial Inizzio en este proyecto y abre una cuenta en Banco Monex, que es el que deposita el dinero en las tarjetas que luego fueron repartidas a representantes del PRI y que participaron activamente en el proceso electoral.

Investigaciones de algunos medios de comunicación –como MVS por ejemplo-, descubrieron que tanto Atama e Inizzio son “empresas fantasmas” que no están domiciliadas donde fiscalmente se supone operan y además, sus accionistas son una persona que en la realidad a penas vive de hacer diversos oficios y el otro socio es una persona muerta.

Ahora bien, el IFE ya nos había anunciado que el dinero distribuido en las tarjetas Monex así como las de Soriana, no fueron factor para decidir la elección y que las pruebas aportadas tanto por el PAN como por el PRD no eran suficientes para acreditar una compra o coacción de votos.

Hasta este punto todavía se entendía su postura debido a que una persona pudo haber aceptado esa tarjeta y votar por otro partido. Sin embargo, el hecho de que la Unidad de Fiscalización del IFE llegara a la conclusión de que existen violaciones a la ley acerca de la procedencia y uso de este dinero y que esto no se castigue, es algo muy grave.

El primer punto es que el IFE y su Unidad de Fiscalización tiene la obligación de dar certeza a la ciudadanía de que los recursos asignados a los partidos políticos son utilizados de forma correcta, pero sobre todo, que no se utilice dinero ilegal durante las campañas o procesos electorales, cosa que se supone pasó con el caso Monex y que las autoridades lo  han avalado como un recurso valido.

Y si aún reconociendo –por parte de algunos consejeros- que la triangulación de recursos y las aportaciones de empresas privadas a campañas electorales son ilegales y no las castigan; entonces vienen en cascada las dudas acerca de la procedencia de ese dinero.

Es decir, no solamente se viola la ley con las propias aportaciones, sino que además no se sabe de dónde proceden esos recursos. Otro de los escándalos que se ventilaron con el uso de estas tarjetas, ya que se habló de personas que participaron abiertamente en estos proyectos del PRI y que supuestamente están vinculadas a otras empresas que se sospecha son lavadoras de dinero.

Y lo otro es que una estructura financiera de tal magnitud y explotada al máximo por el PRI en las campaña presidencial del 2012 –y desde antes-, marca el camino para que otros institutos políticos puedan crear una ingeniería de triangulación y movimientos de recursos, para no dejar huella de la procedencia ni de un uso ilegal de esos dineros.

Porque ya sabemos que los partidos y/o los políticos van a ser de todo y utilizar todo lo que esté a su mano para ganar un escaño o un puesto. Pero que la institución de dar “legitimidad, legalidad y certeza” a los procesos electorales no sea capaz de castigar o al menos sancionar este tipo de actos, debilita a la democracia de un país.

La sociedad necesita de instituciones autónomas en la toma de decisiones y libres de cuerpo y mente para actuar en beneficio del país. Legalmente los consejeros del IFE que exoneraron al PRI pueden objetar que actuaron bajo los lineamientos que marca la ley, lo malo es que bajo esta perspectiva, la justicia se vuelve en contra del grueso de la sociedad y una justicia así, poco ayuda.

Y no se trata del PRI, igual debe de ser con el PAN, PRD, PVEM, PT, etc., etc., etc. Pero –y esto es una percepción personal-, este tipo de decisiones siempre favorecen al que está en el poder en ese momento. Algo que la ciudadanía traduce como un claro ejemplo de que la justicia en México es solo para los ricos y poderosos...

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