Ángeles y demonios del sexenio pasado

Hace 11 meses, el gobierno de Felipe Calderón aseguraba que había dado un gran golpe al cártel de los Beltrán Leyva, al detener a altos mandos militares implicados en proporcionar ayuda e información a este grupo criminal.

El pasado 18 de abril de este año, ese gran golpe mediático se vino abajo en el ámbito judicial. El General Tomás Ángeles Dauahare –uno de los detenidos junto con los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, el teniente coronel Silvio Hernández y el mayor Iván Reyna Muñoz- salió libre por falta de pruebas acusatorias en su contra.

Unos días antes, el caso emblemático de la efectividad de la “operación limpieza de la PGR”, Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en el sexenio pasado, también detenido y acusado de colaborar con el crimen organizado, fue liberado por falta de pruebas luego de cuatro años de estar en prisión.

A este ejemplo se le suman los juicios –todos relacionados con la SIEDO- de Víctor Garay Cadena, Javier Herrera Valles, Ricardo Gutiérrez Vargas y Rodolfo de la Guardia García, acusados de los mismos cargos y todos obtuvieron sentencia absolutoria.

Las conclusiones a todo esto las resumió el presidente Peña Nieto con la frase: “todos esos casos dejan lección clara y creo que lo que nosotros debemos hacer es profesionalizar, capacitar, preparar a las fiscalías, ministerios públicos, a la propia policía investigadora al trabajo pericial y de investigación científica”. Es decir, toda la estructura de procuración de justicia.

Pero más allá de lo inconsistentes que fueron las pruebas para enjuiciar a todos los funcionarios públicos y militares –ya de sobra se sabe que fueron con base en declaraciones de “testigos protegidos”-, hay dos puntos que destacar y que ponen de manifiesto la manipulación del sistema jurídico como un modus operandi muy propio de nuestro país.

Según el general Tomas Ángeles Dauahare, en todos los casos de los militares utilizaron la tortura psicológica para que acusaran a sus compañeros y de pasadita, se auto culparan de los cargos que les imputaban.

En entrevista con el diario La Jornada, el general dijo: “Las acusaciones que me hacían eran del delincuente beneficiado…con clave Jennifer. También había supuestos señalamientos que había hecho el mayor Iván Reyna Muñoz, a quien de manera ruin, de lo más cobarde, de lo más infame, presionaron para que firmara la declaración que el Ministerio Púbico ya tenía elaborada. Lo coaccionaban con su familia. Fue una cosa que no tiene nombre”.

Esto demuestra que en México la fabricación de culpables es una tradición que sigue aplicándose para solventar o resolver de forma aleatoria y no profesional casos importantes. Cuántas veces hemos escuchados de personas que estando a kilómetros de distancia de la escena del crimen, se les acusa de la forma más ruin y absurda de haber cometido ese delito, cuando –hasta este momento- es imposible todavía el don de la ubicuidad.

Lo más grave, es que parece ser que estos casos fueron utilizados para justificar, por un lado, la estrategia seguida bajo la denominación “guerra contra el crimen organizado” y por el otro, para tapar de cierta manera el “cochinero”-como lo denominó Murillo Karam-, en lo que se había convertido la PGR en el sexenio anterior.

Ojala estos casos sirvan de plataforma para que la justicia en México sea verdadera y confiable. Que los culpables estén en las cárceles y los inocentes –no solo funcionarios o militares, sino cualquier ciudadano-, puedan defenderse y obtener la libertad, el perdón público y la absolución.

Como lo hemos comentado en espacios anteriores, la gran derrota de Calderón no fue solamente en las calles, sino en el seno de su propio gobierno. Los funcionarios más cercanos a él y en quienes recaía toda su confianza en materia de seguridad, fueron personas que siempre levantaron sospechas por su proceder y por sus acciones. Trató de limpiar de corrupción el sistema de procuración de justicia y terminó llenó de lodo, algo muy triste para un presidente que se consideraba un gran jurista y estratega.

Pero además, jugó un rol muy peligroso al sacar al ejército a las calles pero con la secreta intención de hacerle caso en las cuestiones importantes solamente al Secretario de Seguridad Pública.

Con esto la imagen castrense sufrió duros golpes y los sometió a severos cuestionamientos en temas de abusos en contra de civiles. Luego, detienen y enjuician sin pruebas a militares de alto rango y señala de manera indirecta al ejército de ser corrupto y de estar involucrado en actividades del crimen organizado.

Por la falta de pruebas y como una estrategia inteligente, el nuevo gobierno colabora para liberar a estos funcionarios y militares. Esto revierte la dinámica peligrosa del sexenio pasado y manda un mensaje claro acerca de que –sobre todo el ejército y los militares- siguen siendo una de las instituciones más confiables del país.

El punto es que seguramente hay militares involucrados con el crimen organizado, así como funcionarios y políticos, lo malo es que con estos errores, la sociedad pierde la capacidad de confiar en la justicia y se reafirma la teoría de que las cárceles están llenas de gente inocente…

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